La Paz, Baja California Sur.- El nuevo órgano de vigilancia ciudadana, denominado Comité PRO Malecón, comenzará a operar oficialmente para garantizar la preservación del orden, la convivencia y el buen estado de las instalaciones y mobiliario en este espacio público y representativo de La Paz.
El comité quedó formalmente constituido este lunes tras la toma de protesta de sus integrantes, quienes representan a instituciones académicas, dependencias de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo será dar seguimiento al reglamento del malecón aprobado en septiembre.
¿Qué funciones tendrá el Comité PRO Malecón en La Paz?
Agustín Olachea Nogueda, presidente de la asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (EMPRHOTUR) de La Paz, participó en la conformación del comité y explicó la importancia de este mecanismo de participación ciudadana, que funcionará como contraloría social para vigilar el cumplimiento de las normas.
La integración del Comité PRO Malecón incluye representación de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Administración Portuaria Integral (API) y el Ayuntamiento de La Paz.
También participan instituciones académicas y otras cámaras empresariales, conformando una organización que combina la experiencia técnica y la gubernamental junto con la visión empresarial y la participación ciudadana organizada.
«La finalidad del nuevo reglamento del malecón es que ese espacio permita verter los anhelos de la ciudadanía en la zona más importante para el destino turístico».
Agustín Olachea Nogueda, presidente de la asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (EMPRHOTUR) de La Paz
¿Qué establece el nuevo reglamento del malecón paceño?
El citado reglamento establece obligaciones específicas para usuarios del malecón y visitantes, y prohíbe expresamente el comercio informal en la superficie peatonal; sin embargo, permite estas actividades comerciales temporalmente con motivo de eventos específicos, como el Carnaval.
Las disposiciones confirmadas por el representante empresarial establecen obligaciones claras para quienes utilizan el espacio público:
- Respetar las normas establecidas en el reglamento vigente
- Conservar instalaciones y mobiliario urbano en buen estado
- Depositar residuos únicamente en contenedores designados
- Conducirse con respeto hacia otros usuarios del espacio público
- Abstenerse de realizar comercio informal en la zona peatonal
«El objetivo central de estas regulaciones es garantizar orden, sana convivencia y seguridad para quienes utilizan el malecón».
Agustín Olachea Nogueda, presidente de la asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (EMPRHOTUR) de La Paz
Subrayó además la importancia de conservar este espacio durante muchos años futuros mediante la colaboración entre autoridades y ciudadanía. Esta visión de largo plazo busca prevenir el deterioro que otros espacios públicos han experimentado por falta de regulación o vigilancia efectiva.
¿Cómo operará la contraloría social en el espacio público?
El comité iniciará sesiones periódicas para dar seguimiento a la implementación de las nuevas disposiciones y permitirán evaluar su efectividad en la preservación del orden y la convivencia en el espacio público, así como identificar áreas de oportunidad o ajustes necesarios.
El presidente de la organización empresarial señaló que mantendrá representación permanente del Comité para garantizar que la perspectiva del sector turístico esté presente en las decisiones relacionadas con el malecón.
Las instituciones académicas que forman parte del comité aportarán conocimiento técnico y científico para evaluar el impacto de las regulaciones. Su participación permitirá fundamentar decisiones en evidencia y mejores prácticas reconocidas en la gestión de espacios públicos costeros.
La prohibición del comercio informal en la superficie peatonal del malecón constituye una de las disposiciones más controversiales del nuevo reglamento. Sin embargo, los integrantes del comité argumentan que esta medida resulta necesaria para preservar la calidad del espacio público y garantizar la experiencia de residentes y visitantes.
La implementación efectiva del reglamento dependerá de la coordinación entre el comité y las autoridades municipales encargadas de aplicar sanciones. El órgano de contraloría social no cuenta con facultades sancionadoras, pero su vigilancia y seguimiento fortalecerán la aplicación de la normatividad vigente.
